La norma no estaba incluida en el proyecto de la “Ley del Presupuesto General de la República para el ejercicio 2010, que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso para su aprobación. Tampoco fue discutida en el seno de la Comisión de Presupuesto. A pesar de ello, en el dictamen final de la referida ley, que fue aprobada ayer por el Pleno, se ha incorporado “de contrabando” una autorización a las diferentes entidades del Sector Público para que procedan con el nombramiento del personal que cuenta con más de tres años de servicios consecutivos en calidad de contratados, por servicios personales, y que ocupa una plaza presupuestal vacante.
COPAMIENTO. En declaraciones a Perú.21, el legislador de Unidad Nacional Juan Carlos Eguren –integrante de la Comisión de Presupuesto– denunció que la medida favorecería a trabajadores con carné aprista y/o a simpatizantes del partido de gobierno.
“Es obvio. Los beneficiarios son trabajadores cuyo tiempo de servicios, coincidentemente, es el mismo que tiene el Apra en el gobierno. Lo que se está haciendo con esta norma es abrirle la puerta a un masivo copamiento aprista en el aparato estatal sin saber cuántos servidores son, el costo que representa ni cuál será la fuente de financiamiento”, manifestó.
Eguren agregó que esta autorización, contenida en la 52° disposición final de la Ley de Presupuesto del 2010, vulnera, además, el Decreto Legislativo 276 –Ley de Bases de la Carrera Administrativa– y su reglamento. Ambas disposiciones precisan que el nombramiento de personal contratado debe efectuarse previa evaluación.
En esa línea, opinó que lo que cabe ahora es que el Ejecutivo deje sin efecto la norma mediante un decreto de urgencia. No obstante, sostuvo que si hay una decisión política del Gobierno de implementarla, tendría que hacerlo en coherencia con su visión meritocrática, es decir, previo concurso público. “Es una prueba de fuego para Alan García, quien últimamente ha estado tan moralista con quienes no militan en el Apra. Habrá que ver si mide con la misma vara a sus “compañeros’”, puntualizó.
Consultado sobre el tema, el abogado laboralista Ricardo Herrera informó que, actualmente, son unos 80 mil los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con los que el Estado no reconoce una relación laboral pese a existir un vínculo de subordinación. De este total, unos 40 mil tendrían más de tres años de servicios consecutivos y podrían incorporarse a la planilla estatal, calculó.
Para Herrera, la medida sería positiva porque, progresivamente, se regularizaría la situación laboral de estos servidores. Sin embargo, hizo hincapié en que este trámite debería ceñirse a la Ley Marco del Empleo Público, que determina que el ingreso del trabajador es previo concurso público.
COPAMIENTO. En declaraciones a Perú.21, el legislador de Unidad Nacional Juan Carlos Eguren –integrante de la Comisión de Presupuesto– denunció que la medida favorecería a trabajadores con carné aprista y/o a simpatizantes del partido de gobierno.
“Es obvio. Los beneficiarios son trabajadores cuyo tiempo de servicios, coincidentemente, es el mismo que tiene el Apra en el gobierno. Lo que se está haciendo con esta norma es abrirle la puerta a un masivo copamiento aprista en el aparato estatal sin saber cuántos servidores son, el costo que representa ni cuál será la fuente de financiamiento”, manifestó.
Eguren agregó que esta autorización, contenida en la 52° disposición final de la Ley de Presupuesto del 2010, vulnera, además, el Decreto Legislativo 276 –Ley de Bases de la Carrera Administrativa– y su reglamento. Ambas disposiciones precisan que el nombramiento de personal contratado debe efectuarse previa evaluación.
En esa línea, opinó que lo que cabe ahora es que el Ejecutivo deje sin efecto la norma mediante un decreto de urgencia. No obstante, sostuvo que si hay una decisión política del Gobierno de implementarla, tendría que hacerlo en coherencia con su visión meritocrática, es decir, previo concurso público. “Es una prueba de fuego para Alan García, quien últimamente ha estado tan moralista con quienes no militan en el Apra. Habrá que ver si mide con la misma vara a sus “compañeros’”, puntualizó.
Consultado sobre el tema, el abogado laboralista Ricardo Herrera informó que, actualmente, son unos 80 mil los trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con los que el Estado no reconoce una relación laboral pese a existir un vínculo de subordinación. De este total, unos 40 mil tendrían más de tres años de servicios consecutivos y podrían incorporarse a la planilla estatal, calculó.
Para Herrera, la medida sería positiva porque, progresivamente, se regularizaría la situación laboral de estos servidores. Sin embargo, hizo hincapié en que este trámite debería ceñirse a la Ley Marco del Empleo Público, que determina que el ingreso del trabajador es previo concurso público.
Fuente: peru21
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